Al cabo de dos maratónicas jornadas de formalización en contra de los cinco imputados detenidos esta semana por la arista lencería del caso convenios, el Juzgado de Garantía de Concepción desestimó las prisiones preventivas solicitadas por la Fiscalía.
El juez Iohan León impuso las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los exfuncionarios públicos Simón Acuña y Rodrigo Martínez.
La decisión fue apelada verbalmente por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien solicitó que fuera la Corte de Apelaciones de Concepción la que decidiera sobre la situación de Polizzi y de los hermanos Polanco en particular.
Esta petición fue también desestimada por el magistrado, que confirmó su resolución inicial y determinó nueve meses como plazo para el desarrollo de la investigación.
«Seguimos considerando que había méritos suficientes para pedirla, y por eso la solicitamos. El tribunal estimó, por distintas elucubraciones propias del tribunal, no imponer la medida de prisión preventiva pero sí imponer la que está inmediatamente después, que es el arresto homicidio total», detalló la persecutora, que aseguró que apelarán.
Previamente, el Ministerio Público había pedido a la Unidad de Extranjería de la PDI que estuviera atenta a posibles intentos de los acusados para huir de Chile en el caso de que no quedaran encarcelados al cabo de esta audiencia.
La determinación fue valorada por el defensor de Polizzi, Pablo Arduán, quien afirmó que «doña Camila tiene derecho a esperar en libertad y esperar los pasos siguentes del Ministerio Público», por lo que están «conformes con la decisión del juez, aunque no compartimos todos los argumentos».
La formalización incluyó cargos por estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos vinculados con el traspaso de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, dirigida por Polizzi, su expareja Sebastián Polanco y su hermano Diego.
La fiscal anticorrupción María José Aguayo había solicitado la prisión preventiva para los cinco imputados, afirmando que representan un peligro para la seguridad de la sociedad y que la cuantía de las penas a las que se exponen son altas.
Aguayo expuso durante su intervención, que se prolongó por casi cuatro horas, el mecanismo mediante el cual se defraudó al fisco por parte de los funcionarios públicos, y se aprovechó esta instancia, por parte de los particulares, para obtener dinero de manera legal, sin utilizarlo en los proyectos supuestamente financiados.
Aguayo habló de un «sistema alojado en el Gobierno Regional del Biobío, entre algunos exfuncionarios, principalmente, de manera tal de obtener por parte de particulares cierta asignación de fondos de manera irregular».
Al cierre de su exposición, Aguayo planteó que «ésta es una verdadera empresa delictual: la fórmula para delinquir la dieron los propios funcionarios del GORE (e incluyó) el cobijarse en una fundación, contratar un hotel, tercerizar aparentemente actividades que no se iban a realizar».
Durante la audiencia, el defensor de Polizzi, Pablo Arduán, planteó, por su parte, que «acusarla, como se pretende, de prácticamente orquestar todo esto para defraudar al fisco y manipular a profesionales para lograr sus objetivos, es un error».
«¿Cuál es el pecado de doña Camila en esto? Es tratar de esforzarse, de hacer las cosas. Sí, puede haber pecados en los temas administrativos, pero pintarla con estereotipos de que si fuera prácticamente una persona que va manipulando a todas las personas a su alrededor, creemos que no corresponde», dijo el jurista.
Arduán añadió que «doña Camila es una madre que ha tratado de salir adelante y lo único que ha pretendido es ayudar a sus vecinos del barrio norte».