Charla fue dictada por el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, y forma parte del convenio colaborativo entre ambas instituciones.
En el marco del convenio colaborativo existente entre la Defensoría Regional y Santo Tomás Copiapó, se llevó a cabo una charla en el salón auditorio de esta casa de estudios superior, “Monseñor Gaspar Quintana”.
Una exposición que estuvo a cargo del defensor regional, Raúl Palma Olivares, en la que participaron estudiantes de la carrera de Servicio Social y en la que se dio a conocer el proyecto Inocentes.
En este sentido, el director del área de Ciencias Sociales de Santo Tomás Copiapó, Jorge Fritis Espinoza, comentó que “esta charla que realizó el Defensor regional, Raúl Palma Olivares, se enmarca en nuestro convenio colaborativo. Este tipo de instancias genera la posibilidad de poner en conocimiento temáticas relevantes a nuestros estudiantes, que les ayudarán en su formación profesional. Por este motivo para nosotros es muy relevante la concreción de esta actividad, en la que los alumnos conocieron el proyecto inocentes, el que ya lleva más de diez años ejecutándose en nuestro país. Así que fue una muy buena experiencia, los alumnos de Servicio Social realizaron bastantes preguntas, por lo que se generó un enriquecedor diálogo”.
Para comenzar la charla y a modo de introducción, se exhibió un video con la historia de 3 personas que estuvieron privadas de libertad siendo inocentes; Julio Lorca, profesor de Música, injustamente acusado de violación, quien estuvo 14 meses encarcelado y fue absuelto. Bryant Álvarez, estuvo imputado por homicidio, 6 días encarcelado y fue sobreseído por inocencia y Nardy Rivera, imputada por tráfico de drogas, 6 meses encarcelada, sobreseída por inocencia.
Al respecto, el defensor regional, Raúl Palma Olivares, manifestó que “nosotros como Defensoría Penal Pública estuvimos en Santo Tomás, con la finalidad de poder dar a conocer el proyecto inocentes, que es una iniciativa que llevamos adelante con la finalidad de poder visibilizar, informar a la comunidad y tratar de enmendar los errores judiciales que existen en el sistema de justicia penal y que inciden que una persona privada de libertad, ya sea que fue condenada o porque fue sometida a medida cautelar de prisión preventiva lo fue de forma injusta, que acarrea una serie de problemas y perjuicios para ella, por lo que nos parece sumamente importante que los futuros profesionales, en este caso de servicio social, sepan sobre esta materia”.
CIFRAS REGIONALES
El año 2023 la Defensoría Regional de Atacama atendió a 7.499 personas, de ellas, 913 terminaron el proceso penal al que fueron sometidas siendo absueltas o no condenadas en los delitos que se les imputaban, y de estas, 20 personas debieron cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.
Al respecto, Palma Olivares agregó que “hay causas donde el sistema de justicia puede cometer errores por ejemplo en el uso de ciencia defectuosa como son los peritajes deficientes como medio de prueba, punto muy importante, donde ustedes como futuros profesionales y peritos pueden tener injerencia. Estas causas están identificadas; identificación errónea, declaración falsa, falsa confesión, error en procedimiento pericial o ciencia limitada, conducta inadecuada de agentes del Estado y la conducta inadecuada del defensor o defensora”.
CAUSAS DE ERROR
“Todos podemos enfrentar una persecución penal, donde el reconocimiento de imputados sin reglas claras y objetivas es un problema aun no resuelto y que provoca muchas imputaciones defectuosas”.
Agregó además que “la falsa confesión es muy interesante, sobre todo para ustedes estudiantes de trabajo social, ya que esto tiene una vinculación socio cultural psicológica. Hay muchas personas que confiesan delitos sin ser culpables, esto obedece a múltiples razones; personas con problemas de mental, confesiones en estado de embriaguez o de menores de edad, con las que hay que tener mucho cuidado porque pueden estar inducidas”.
Cabe destacar que, en el encuentro, el Defensor Regional abordó distintos conceptos como la presunción de inocencia, el derecho a defensa y debido proceso, además de dar a conocer las consecuencias que podría provocar un error del sistema judicial y sus intervinientes, llevando a una persona inocente a cumplir penas privada de libertad.