California implementó nuevas normativas para guiar el uso y la conservación del agua en el estado, buscando enfrentar los desafíos climáticos futuros y asegurar la disponibilidad sostenida del recurso, informó Los Angeles Times. A partir de este marco, denominado Making Conservation a California Way of Life, se espera ahorrar aproximadamente 615 millones de metros cúbicos de agua al año para 2040, cantidad suficiente para suministrar a más de 1.4 millones de hogares durante un año. Las nuevas regulaciones afectarán a las principales empresas de agua en el estado, no a individuos ni hogares.
Joaquín Esquivel, presidente de la Junta Estatal de Recursos Hídricos, recalcó la importancia de estas medidas, especialmente en tiempos secos: “A medida que pensamos en el río Colorado, el delta de la Bahía, las cuencas hidrográficas estresadas de las que proviene gran parte del suministro urbano, necesitamos mostrar —para otros estados y para nosotros mismos— que estamos tomando medidas para aliviar esa carga”.
Según informó San Francisco Chronicle, los cerca de 400 proveedores urbanos de agua tendrán que cumplir objetivos individualizados de uso y conservación del agua, algunos de ellos necesitarán reducir el consumo en más del 30% en los siguientes dieciséis años.
Este nuevo enfoque marca un cambio respecto a la estrategia anterior que, durante la sequía de 2012 a 2016, ordenó una reducción del 25% en toda California bajo la dirección del entonces gobernador Jerry Brown. Ahora, los proveedores podrán considerar factores locales como el clima, la población y el tamaño de los lotes.
Chelsea Haines, gerente de relaciones regulatorias de la Asociación de Agencias de Agua de California, señaló a Los Angeles Times que “será un desafío muy grande, requerirá un esfuerzo estatal para cambiar la forma en que usamos el agua en el Estado Dorado.
Es un enfoque sin precedentes y requerirá una cantidad significativa de fondos y apoyo técnico”. La organización a la que pertenece Haines, que representa el 90% de los proveedores de agua urbana y agrícola del estado, ha sido una de las voces críticas hacia las nuevas normativas debido a las implicaciones de costos significativas para algunos proveedores y clientes.
La aprobación de las reglas se produjo después de extensas revisiones basadas en comentarios de grupos locales de agua, quienes argumentaron que estas normativas impondrían cargas indebidas a proveedores de bajos ingresos y comunidades desfavorecidas. Según estas entidades, las metas de conservación podrían traducirse en ingresos reducidos de los consumidores, afectando principalmente a agencias de áreas interiores y localidades con ingresos por debajo de la mediana estatal.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas como el Pacific Institute han considerado que las normativas no llegan lo suficientemente lejos. Heather Cooley, directora de investigación del instituto, expresó: “Creo que es un buen marco, pero tenemos muchas más oportunidades en todo el estado para reducir el uso de agua y ayudar a preparar nuestras comunidades para más extremos, más sequías extremas, temperaturas más altas, todas las cosas que ya estamos viendo y que se van a agravar”.
El informe de la Oficina de Análisis Legislativo no partidista, publicado en enero, criticó una versión anterior de la propuesta como costosa, complicada e irrealista. En respuesta a estas críticas, la junta decidió relajar los requisitos de conservación, reduciendo el número de proveedores que tendrían que reducir el consumo en más del 20% y extendiendo el plazo total para las reducciones al año 2040. Haines agradeció los cambios, pero advirtió sobre los impactos de costos significativos para algunas comunidades.
La Junta Estatal de Recursos Hídricos también incrementó las asignaciones de agua para árboles residenciales existentes y para la plantación de nuevos árboles adaptados al clima. Dentro del reglamento final, se contempla la identificación y persecución de oportunidades para actualizar los paisajes residenciales tan pronto como sea posible, dado que casi la mitad del agua aplicada en exteriores en ciudades se pierde por viento, evaporación o escorrentía.
Finalmente, el grupo de trabajo espera entregar una recomendación para diciembre de 2028 sobre si adoptar políticas o directrices adicionales que establezcan procedimientos de aplicación. A pesar de las preocupaciones persistentes sobre las regulaciones finales, los miembros de la junta y expertos han remarcado la importancia de comenzar a trabajar en la implementación de las normas, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.