La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) su más reciente informe, en el que confirmó la detención de 158 niños en el marco de las protestas contra el fraude electoral de Nicolás Maduro.
Marta Valiñas, presidenta de esta Misión que fue establecida en 2019 y que tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país latinoamericano, indicó que 158 niños fueron detenidos e imputados por “terrorismo” e “incitación al odio”.
“En el período que va desde el 1 septiembre de 2023 hasta agosto de este año, se produjo un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto”, sostuvo Valiñas.
Y siguió: “La represión y persecución politica ha ido en aumento. Constatamos 25 muertos en las protestas postelectorales y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada, tratos crueles, violentos y degradantes, torturas y violencia sexual. Las violaciones que se han documentado solo representan una muestra de un universo mucho más amplio”.
Luego subrayó que estas violaciones “son el resultado de un plan diseñado para silenciar a la oposición política de Maduro” y que “algunas de ellas representan crímenes de lesa humanidad”.
En su informe, la Misión de la ONU documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzada. “Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, enumeró la experta.
Además, denunció “actos de violencia sexual y basados en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral”, entre ellos “manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas”.
El informe también indicó que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el régimen describió como “conspiraciones en su contra“ y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo durante el mes de julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Entre ellas había niños, algunos con discapacidades, que fueron acusados de “terrorismo” e “incitación al odio”, insistió.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, concluyó el informe.