La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección que buscaba paralizar los trabajos que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas para reparar los dos socavones que se generaron en agosto y septiembre del año pasado, y que hasta el día de hoy, mantienen a los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca inhabitados. De acuerdo a lo informado por El Mercurio de Valparaíso, esta acción judicial fue liderada por la organización Duna Viva y presentada el pasado 17 de enero. Específicamente, en este recurso se denunció que las obras del MOP, que consisten en el relleno de los socavones, la reconstrucción de la calle Costa Montemar y la construcción de dos colectores, se desarrollan «al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)», a pesar de que estos trabajos están «a metros de un área colocada bajo protección oficial», la cual en este caso, sería el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de la Punta de Concón.
Debido a lo anterior, la acción judicial solicitó la paralización inmediata de los arreglos, argumentando que rellenar los socavones sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de por medio podría generar daños irreparables en el sector. Sin embargo, este recurso fue rechazado, ya que tribunal argumentó que tras recibir las presentaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Sernageomin, se logró acreditar que los requisitos planteados en el recursos no eran necesarios ni procedentes. Adicionalmente, la Corte fundamentó que las obras, como son de reparación, no implicarían «una alteración de las características propias del proyecto y/o actividad existente que las obliguen ingresar al SEIA». «En dicho sentido, no todo proyecto y/o actividad deberá ingresar al SEIA de forma obligatoria, lo que quedó de manifiesto en la historia de la Ley N° 19.300, sino que, por el contrario, debe ser uno de aquellos que sea susceptible de general impacto ambiental», añadió el fallo. Otros de los argumentos ponderados fueron los de la fiscal nacional del MOP, Eliana Muñoz Zoffoli, quien explicó que los trabajos desarrollados son «obras de emergencia que pretenden evitar una catástrofe o ruina porque existe una situación que requiere una intervención rápida y urgente, para precaver un peligro a la comunidad, como también un eventual peligro a la infraestructura pública y privada». Por otro lado, el recurso de protección fue presentado tres meses luego de que empezaron sus obras, por lo que según el tribunal regional, su «presentación fuera de dicho término conlleva su declaración de inadmisibilidad por extemporaneidad». «Por lo razonado y no habiéndose constatado un actuar ilegal o arbitrario por parte de las recurridas, que afecte alguna garantía constitucional de los recurrentes, respecto de la cual esta Corte pueda adoptar alguna medida cautelar de urgencia, el recurso no podrá prosperar», sostuvo el fallo.