Una auditoría de la Contraloría General de la República a la Subsecretaría de Redes Asistenciales detectó que 84 pacientes no recibieron un trasplante de órganos pese a cumplir con todos los requisitos. Ese fue el resultado que arrojó el informe final n° 297/2024 efectuado por el órgano fiscalizador y que consideró las acciones efectuadas por la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (CNPT) y las coordinaciones locales. Esto además incluyó una revisión a los hospitales San Juan de Dios (Santiago), Carlos Van Buren (Valparaíso) y Hernán Henríquez Aravena (Temuco). El documento da cuenta que hubo un grave incumplimiento en el orden de las listas de espera. «Se determinó que en 84 casos de potenciales receptores no se justificó la no realización del trasplante, en circunstancias que dichos pacientes debían ser los receptores del órgano», advierte Contraloría. Se verificó la falta de medidas de control ante la justificación por incumplimiento a las listas de espera.
Por ello, la Contraloría «dará inicio a los procedimientos disciplinarios que sean necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan», indica el informe. Lo anterior, va de la mano con autorizaciones privilegiadas en trasplantes entre vivos por parte del Coordinador Nacional, quien mantenía directa comunicación con el Hospital Clínico de la Universidad Católica, lugar donde se desempeña como médico hepatólogo. «También, se verificó la falta de acreditación del vínculo de consanguinidad y/o afinidad en trasplantes entre vivos. Lo anterior, debido a que el centro asistencial encargado y la CNPT no contaban con los antecedentes del vínculo de los pacientes que se sometieron a dicho procedimiento», denuncia la Contraloría.
La Contraloría comprobó que el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, entre julio de 2022 y abril de 2023, realizó procedimientos de extracción de órganos sin contar con permisos sanitarios. «Tampoco realizaba la notificación de los potenciales donantes, ni contaba con una coordinación local para la gestión de los donantes», indica la entidad. Además, se constató la falta de registros de potenciales donantes. En ese contexto, durante 2023 se informaron 1.847 fallecimientos por muerte con criterio neurológico, de los cuales 358 no se encuentran en el Sistema de Donación y Trasplante (SIDOT). Respecto de la Comisión Nacional de Órganos, no se pudo encontrar documentos que demuestre que esta haya sesionado ni tampoco que existan datos de la última convocatoria. «Dicha situación ya fue advertida por este órgano en la revisión efectuada en 2017, que dio origen al Informe Final N° 857, indicando, en dicha oportunidad, que la Subsecretaría de Redes Asistenciales debía garantizar el funcionamiento de la citada comisión, asegurando el fin para el cual fue creada por ley», dijo Contraloría. Ante esto, la Subsecretaría deberá informar las medidas de control para garantizar el cumplimiento del principio de probidad en todas las observaciones detectadas. El Instituto Nacional de Salud Pública deberá remitir mensualmente a dicha Subsecretaría el resultado de la revisión que efectúe al sistema de Gestión de Trasplantes (SGT).