A más de un año de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, que estableció el rol persecutor del Estado en materia de patrimonio del deudor de pensiones alimenticias, hasta el mes de octubre del año en curso a nivel nacional se han recaudado montos por pensiones adeudas superiores a los 588 mil millones de pesos.
Así lo destacaron seremis de la Mujer y Equidad de Género, Fabiola Gallardo; y de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, quienes detallaron que la legislación impulsada por el Presidente Gabriel Boric, que inició su implementación en mayo del año 2023, estableció además dos mecanismos que permiten garantizar el pago de lo adeudado a través de cuentas bancarias, instrumentos financieros y/o fondos de pensiones.
Las autoridades regionales informaron que hasta el mes de octubre del año 2024, los tribunales de familia han ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley. Asimismo, se han pagado más de $588.275 millones, casi el doble de lo pagado al mes de mayo.
Sobre el impacto de esta legislación, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Atacama, Fabiola Gallardo explicó “ha pasado más de un año y medio desde que se comenzó a implementar esta ley, que era tan esperada por todas las mujeres de nuestra región y el país. Estas cifras reflejan las injusticias que han tenido que vivir muchas familias, llegando a la violencia económica sistemática durante mucho tiempo. Lo ha dicho nuestro Presidente Gabriel Boric, las mujeres no estarán solas y con esta Ley hemos establecido un mecanismo de pago permanente de pensiones de alimentos, que garantiza la dignidad y justicia para tantas mujeres y sus hijas e hijos”.
En esta línea, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay valoró positivamente estos avances, precisando “estamos celebramos dos años del inicio de un cambio cultural que se produce junto a la implementación de esta Ley que ha beneficiado a miles de mujeres, quienes hoy cuentan con un acompañamiento del Estado, que se moderniza avanzando con una mirada y enfoque de género en un tema sensible y prioritario para ellas y sus familias como son las pensiones alimenticias. Con estas políticas públicas contribuimos a generar mejores condiciones de vida para las mujeres junto a sus hijas e hijos. Esperamos continuar fortaleciendo los mecanismos para el pago efectivo de las pensiones impagas para que estos recursos puedan seguir llegando a los hogares que en su mayoría lideran jefas de hogar. Y, como nos instruyó nuestro Presidente, en derechos de las mujeres no podemos retroceder, solo podemos avanzar”.
En este contexto, añadieron que tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de noviembre, se hayan realizado más de 106 mil cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban inscritos en el registro, que en su mayoría se deben a que han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.
ALCANCES DE LA LEY
Actualmente, existen 256 mil inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, quienes tienen una deuda que afecta a cerca de 354 mil niños, niñas y adolescentes con derecho a recibir una pensión para su manutención. El 96% de los deudores son hombres, y actualmente un 37% de los deudores que han ingresado al registro desde su creación, han pagado o llegado a un acuerdo de pago ante tribunales.
Entre las medidas que se han implementado para fortalecer la legislación y sus herramientas se cuentan: nuevas atribuciones de fiscalización y sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para supervisar que los bancos e instituciones financieras cumplan con la obligación de consultar en el Registro Nacional de Deudores; el financiamiento de 193 funcionarios destinados a fortalecer los tribunales de familia y la contratación de 85 nuevos funcionarios para las unidades especializadas con el fin de liquidar deudas de alimentos; la consideración de la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica desde el Registro Social de Hogares y finalmente, la ejecución del Programa Piloto de Acceso a la Justicia de Mujeres Demandantes de Pensión de Alimentos, iniciativa financiada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para orientar y representar judicialmente de forma especializada a mujeres.