La Contraloría General de la República (CGR) abrió una investigación especial por los traspasos extraordinarios que solicitó Hacienda a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en 2023 por 3,4 billones (millones de millones) de pesos.
A través de un comunicado, el organismo encabezado por Dorothy Pérez señaló que, «atendidas las facultades fiscalizadoras de esta Entidad de Control», se busca indagar una «eventual afectación patrimonial» de la agencia y el «destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos».
Añadió que en la investigación «se tendrán presente las diversas denuncias recibidas a la fecha».
Según se reveló, la cartera que encabeza el ministro Mario Marcel requirió seis transferencias que sumaron un total de 3.426.693.555.220 pesos, equivalentes al 4,5% del entonces Presupuesto anual.
Una parte de esos recursos provino de los excedentes generados por la explotación del litio, gracias a los contratos por la explotación del Salar de Atacama, pero en noviembre de 2023 el Ejecutivo pidió un nuevo traspaso por 1.500 millones de dólares, que se consiguieron con la venta de activos financieros de Corfo.
En las actas de la corporación revisadas por el mencionado medio consta que el ministro de Hacienda argumentó que los recursos eran necesarios porque estaba «copado el nivel de endeudamiento» de ese año y, por ello, «no es posible sostener la caja a través de la emisión de deuda».
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar ese traspaso argumentando que su deber era resguardar el patrimonio de la corporación.
Desde la UDI y el Partido Republicano anunciaron -por separado- que solicitarán crear una comisión investigadora por lo que el reportaje calificó como «desconocidos traspasos de Corfo al Gobierno» y que abrió un nuevo flanco a Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ya cuestionados por la oposición a raíz del incumplimiento de las proyecciones de recaudación fiscal y otros desajustes.
En tanto, Hacienda afirmó en un comunicado que lo expuesto «no sólo no son ‘desconocidos'», sino que «no constituyen una acción por fuera del marco legal», explicando que «la solicitud de integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio se sustenta en las atribuciones generales del ministerio, además que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas».
«Irresponsabilidad fiscal no ha habido en ningún caso», complementó Nicolás Grau, ministro de Economía -cartera de la cual depende Corfo-, quien defendió que los recursos contribuyeron a diversas urgencias sociales, incluyendo vehículos para Carabineros, metas en materia de viviendas sociales, listas de espera y Copago Cero.