Según la información entregada tanto por uno de los fiscales que lleva la causa, como por el abogado querellante, en este caso en particular, el segundo de este tipo formalizado en la región de Atacama “se ven palmariamente los tres tipos de violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer”, es decir física, sicológica y económica. Entre los argumentos que llevaron a determinar la medida cautelar de prisión preventiva, además de la violencia habitual, fue la conducta reiterada por parte del imputado quien habría actuado de la misma forma con la pareja que tenía antes de conocer a la víctima, por lo cual tendiendo el perfil criminógeno del sujeto su libertad es un peligro para las mujeres.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el imputado de iniciales H.B.M tras la formalización de la investigación por el delito de suicidio femicida ocurrido en Copiapó en septiembre del año 2023. Se trata del caso de Raquel Valentina Gutiérrez, quien tenía 22 años al momento de su deceso. Según la querella presentada por su familia, la muerte de la joven abrió una arista desconocida para ellos, amigos y cercanos dejando al descubierto el maltrato habitual que sufría la joven de parte de quien entonces era su pareja.
Los hechos argumentados por el fiscal jefe de Copiapó, Christian González en conjunto con el abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados Defensa y Justicia, Verardo Rojas, abogado dieron cuenta de los medios de prueba reunidos junto al trabajo de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI luego de los primeros antecedentes que alertaron sobre la dinámica de violencia de género que cometía el imputado previo al desenlace fatal de este caso. Es así como se tomó declaraciones a familiares y amistades de la víctima, además de recabar evidencia audiovisual que comenzó a validad la hipótesis de la Fiscalía en relación con el nexo de causalidad entre las acciones del imputado y la muerte de la víctima.
En la audiencia intervino además el fiscal Ariel Guzmán Moya aportando el trabajo jurídico llevado a cabo con la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional debido a lo complejo de la causa, por tratarse de un delito relativamente nuevo y jurídicamente complejo.
Al respecto, Verardo Rojas, abogado querellante y socio fundador del estudio de abogados Defensa y Justicia, quienes asumieron el patrocinio de la causa por petición de la familia en octubre de 2024 debido a la demora de los organismos públicos en el avance del proceso, manifestó que “el día de hoy se realizó la formalización de cargos y se decretó la prisión preventiva por un peligro para la seguridad de la sociedad y se dio un plazo de investigación de cuatro meses. (…) Quiero señalar que se acogió la tesis de esta parte querellante y de la fiscalía en relación a que actualmente hay un peligro para la seguridad de la sociedad por parte de este imputado, debido a que no solamente tenía causas del juzgado de familia de Copiapó, sino que también tenía una causa contra otra víctima de maltrato habitual. En ese sentido la Ley 21.523, más conocida como Ley Antonia da ciertos tipos de criterio para señalar cuando hay violencia en este tipo de ilícitos, y en este tipo de ilícitos hay violencia de género cuando hay violencia tanto sicológica, económica, incluso física, que es la más palmaria en este caso, que ha acreditado la existencia y participación en este delito el día de hoy”.
El abogado querellante agregó que “había un maltrato recurrente por parte del imputado a doña Raquel y es una relación que ya desde finales de 2021 y durante 2022 tomó otros ribetes, inclusive la violencia él la ejercía, en ese año 2022, ya estando ella embarazada, y posteriormente en marzo de 2023, ella teniendo una hija. Este caso es bien especial porque estaban los tres tipos de violencia: La violencia sicológica, la física y la violencia económica que él ejercía (…) La decisión lamentable del deceso de la víctima el 21 de septiembre de 2023 tuvo que tomar esta decisión porque era un callejón sin salida, totalmente la violencia estaba desatada el año 2022 por distintos tipos de agresiones, como lo dan los informes policiales tanto de carabineros de Chile como Policía de Investigaciones y la especialidad que tiene este caso es que se ven palmariamente los tres tipos de violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer, y en este caso, también él tenía casusas pendiente con otro tipo de víctima, por casos de misma naturaleza, es decir, había un maltrato habitual en otra causa”.
Ariel Guzmán, fiscal adjunto de Copiapó, argumentó que “hemos formalizado la investigación por este segundo caso de suicidio femicida en Atacama y si no me equivoco está entre los primeros cuatro a nivel nacional. Este caso tiene asignado dos fiscales acá en la ciudad, el fiscal jefe Christián González y quien habla, se ha contado también con el apoyo de la unidad de género de la fiscalía nacional, de la propia directora de la unidad de género fiscalía nacional. Se ha hecho con ella una investigación que alguien podría decir que ha sido extensa, pero es justamente por eso ha sido lo suficientemente sólida para hacer hoy día esta formalización y obtener un resultado bueno, como es la medida cautelar más intensa que es la prisión preventiva. Este caso, como digo, ha sido investigado desde un inicio con bastante intensidad, con bastante relevancia, eso nos ha permitido este resultado. El día de hoy se expusieron bastantes antecedentes, bastante sólidos para todos los elementos que componen un delito nuevo y complejo como es el suicidio femicida, básicamente toda la existencia previa de una serie de actos de violencia de todo tipo, física sicológica y económica de parte del imputado”.
“Como fiscalía estamos bastantes satisfechos, con este primer paso de prisión preventiva obtenida al día de hoy, quedan todavía diligencias por realizar que se harán durante el periodo de cuatro meses que es el que ha dado el tribunal para continuar esta investigación. Por lo tanto, por el momento satisfechos por este primer importante paso. Decir lo que indican en algunos carteles que están por acá, se logró el primer paso de justica para Raquel”, afirmó el fiscal.
FAMILIA Y AMIGOS
En torno a lo ocurrido, y en representación de la familia, el padre de la víctima, Cristian Gutiérrez, expresó con lágrimas en los ojos que “para nosotros ha sido un periodo súper largo, que no hemos podido cerrar un ciclo o vivir un duelo de una u otra manera más tranquilos, pero si, por fin se logró el avance de esta investigación, arrojó la prisión preventiva, que eso como familia nos da una tranquilidad enorme, saber que esta persona va a estar cumpliendo prisión por los hechos cometidos. Obviamente hay una investigación para que arroje la sentencia final que es lo que estamos esperando nosotros”.
En cuanto a lo que la familia espera de la justicia, el padre manifestó que “se ha demorado. Yo sé que no solamente en nuestra región sino que a nivel nacional se demoran estos temas y siento que estamos con todo el apoyo, el apoyo de nuestra hija que nos está dando desde el cielo. Hay una denuncia anterior con otra víctima lamentablemente, por eso nosotros estamos pidiendo a través de la fiscalía junto a nuestro abogado querellante que tomen la determinación de dejarlo en prisión preventiva por el daño a la sociedad, y más que nada a las próximas mujeres que él pueda conocer y puedan llegar a lo mismo. Hasta el momento en las relaciones que él ha tenido lamentablemente llegó a un final fatal, que fue que mi hija perdiera la vida, llegando a este callejón sin salida que tuvo que tomar esa decisión tan fuerte por causa de esa persona (…) No queremos que siga sucediendo esto. Para las niñas que estén en un caso similar, que hablen, que puedan expresar todo el dolor que ellas llevan y que están sufriendo, para que no pase lo que le pasó a mi hija, que llegó a quitarse la vida justamente por el daño que esta persona le hacía”.
Por su parte, Ignacia Morales, vocera del grupo de amigas de Raquel, afirmó “lo que esperamos con la prisión preventiva es que en primera instancia, en caso de que él pueda apelar que esta de todas formas se mantenga, ya que por algo fue la decisión dictaminada por la jueza, y en general en cuanto al proceso lo que esperamos como grupo de amigas, es que nada más y nada menos que obtener justicia. Este primer paso es un abrazo importante a nuestra lucha. Ha sido una lucha difícil, larga de ya casi dos años, donde esta decisión viene a abrazar todo lo que hemos vivido hasta ahora y lo difícil que ha sido”.
El periodo para la investigación para este caso fue fijado por 4 meses. El suicidio femicida tiene una pena que va de presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo de tres años y un día a 10 años.
Cabe recordar que este caso, es el segundo formalizado por este delito en la región, sumándose a la causa que en enero de este año se formalizó en Caldera-por el caso de la muerte de la joven madre Catalina Rojas- instancia en que el imputado también quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.