El Gobierno ratificó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a la vez que confirmó el paso a retiro de los generales relevados esta semana de sus cargos por la fatídica marcha de instrucción que realizó un grupo de conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco» en Putre, donde uno de ellos falleció y a otro debieron amputarle una mano.
Tras la reunión de esta tarde en La Moneda, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que se instruyó al Ejército que colabore con las familias y entregue todos los antecedentes para aclarar lo ocurrido.
El Mandatario «ha sido muy claro en decir que se requiere verdad, justicia y, sobre todo, que las familias sepan todo lo que ha ocurrido con sus hijos», enfatizó Fernández.
La titular remarcó que, al menos en este caso, se trata de «jóvenes que en su gran mayoría eran voluntarios, que se inscribieron para servir a la Patria», por lo que «el Estado y el Ejército, que los tiene bajo su mando, debe garantizarles protección».
Relevó asimismo que desde ayer se instituyó «una mesa de trabajo, liderada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para la revisión de protocolos, porque no queremos que estos hechos ocurran en ninguna parte de Chile».
«Tenemos que darles garantías a los jóvenes que quieren hacer el servicio militar, ser parte de la institución y hacen una tremenda labor por Chile», subrayó.
En el punto de prensa tras la anunciada audiencia en Palacio, la ministra de Defensa comunicó que el Presidente Boric aceptó la «propuesta de renuncia» del general Rubén Castillo, jefe de la VI División del Ejército, y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada «Huamachuco», cuyos retiros pidió Iturriaga tras relevarles de sus cargos esta semana.
El comandante en jefe de la institución castrense admitió que hubo indicios de «falsedades y tergiversaciones» en las versiones preliminares que fueron entregando los mandos de la fatal marcha de instrucción militar, que tuvo lugar a fines del mes pasado en Putre, en el extremo norte y en pleno altiplano andino.
La investigación está a cargo de la ministra en visita Jenny Book, quien actualmente integra la Corte de Apelaciones de Santiago y preside de la Corte Marcial, designada por la Corte Suprema tras solicitud de la Fiscalía Militar. No obstante, se debate si el caso debiera pasar a la justicia ordinaria y ser llevada por el Ministerio Público, camino que solicitó el Instituto Nacional de Derechos Humanos al querellarse por el delito de apremios ilegítimos.