Un total de 71 personas fueron detenidas de manera “arbitraria” en los diez primeros días de la campaña electoral de cara a las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según un balance preliminar publicado este lunes por la ONG Laboratorio de Paz.
Del 4 al 14 de julio, fueron detenidos 66 hombres y 5 mujeres, la mayoría en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).
Del total, 48 de las personas aprehendidas estaban “vinculadas a la prestación de bienes y servicios de la campaña” del candidato de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, acompañado en los actos proselitistas por la líder antichavista María Corina Machado.
La ONG, que recoge también datos de otras organizaciones como Foro Penal, Fundehullan y Espacio Público, computa, además, 26 casos de hostigamiento, al menos 11 obstrucciones de vías para “impedir la realización de actos”, 21 hechos de represalias por “prestar bienes y servicios” a candidatos y 13 casos de “retención de bienes”.
Asimismo, según el balance, hubo 20 casos de “violación a la libertad de expresión e información” y 4 “bloqueos a sitios web” durante los diez primeros días de la campaña, que finalizará el 25 de julio, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este domingo, Perkins Rocha, asesor legal del equipo de González Urrutia, denunció la detención de ocho personas -seis hombres y dos mujeres- vinculadas con la campaña de este candidato durante el pasado fin de semana por parte de cuerpos de seguridad en cuatro regiones que fueron o serán visitadas en el marco de la campaña del abanderado de la PUD.
Entre los casos, el abogado señaló que, en Carabobo (norte), fue detenido el propietario del camión en el que se movilizó González Urrutia junto a Machado, durante una caravana celebrada el sábado, así como dos de sus colaboradores.
El sábado, la agencia EFE constató el despliegue de decenas de agentes de la Policía municipal de Valencia -capital de Carabobo- que cerraron el paso en varias vías de la ciudad, entre ellas una avenida cercana a la que recorrieron los líderes opositores, bloqueada por cuatro camionetas oficiales del cuerpo de seguridad.
En los venideros comicios competirán 10 candidatos, entre ellos el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio en el poder, al que llegó en 2013.
Por otra parte, González Urrutia se reunió el pasado viernes con representantes del Centro Carter que participarán como observadores en las elecciones del 28 de julio, un encuentro del que no se conocieron detalles.
A través de X, el candidato de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) mostró fotografías de su reunión con seis delegados del Centro Carter, que llegaron a Venezuela para presenciar la recta final de la campaña y la propia celebración de los comicios, en los que competirán 10 hombres, entre ellos Nicolás Maduro.
Ni el candidato opositor ni el Centro Carter han publicado detalles de lo conversado en esta reunión, que se celebra un día después de la detención de un empresario en el estado Táchira (oeste), propietario del inmueble en el que se hospedó -a finales de junio- la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó entonces actos masivos en esa región.
Según el fiscal general impuesto por el régimen chavista, Tarek William Saab, la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal se produjo por “hurto de material del Sistema Eléctrico Nacional”. Además, reportes de Inteligencia del propio chavismo aseguran que el hombre recibía financiamiento “desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país”.
La PUD -que respalda a González Urrutia- ha denunciado al menos 18 casos de “hostigamiento” y “persecución” por parte de las autoridades chavistas durante la carrera electoral, entre los que destacan hoteles y restaurantes sancionados luego de haber atendido a Machado o al candidato presidencial.
Asimismo, varios trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, bajo el argumento gubernamental de falta de documentación o registros.