El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) dirigió este jueves la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, conscripto de 19 años que falleció en abril pasado durante una marcha militar en Putre.
Las diligencias se llevaron a cabo en el Cementerio Canaán, en la comuna capitalina de Pudahuel, cuyos restos posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para realizar una segunda autopsia.
En el procedimiento, que se extendió por dos horas, participaron distintos peritos: uno externos del Ministerio Público, otro del SML, otro del Departamento de Criminalística de la PDI, y también un perito de la defensa de uno de los posibles imputados.
También fue monitoreado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y contará con la participación de la madre del conscripto, Romy Vargas, quien fue la que autorizó este proceso.
En la instancia, una retroexcavadora retiró la tierra que se encontraba encima del sarcófago donde se encuentra el ataúd de Franco Vargas, espacio que fue delimitado por un arqueólogo del SML. Posteriormente el cuerpo fue retirado del lugar.
La Fiscalía señaló que las diligencias posteriores a la exhumación del cuerpo podrían extenderse por días o incluso semanas.
Cabe recordar que el cuerpo de Vargas ya fue sometido a una autopsia a principios de mayo. Sin embargo, esta vez el procedimiento se realizará bajo el protocolo de Minnesota, creado por la ONU para indagar las muertes de personas que se encuentran bajo custodia del Estado.
La investigación se originó a partir de las denuncias de jóvenes que se encontraban efectuando el servicio militar en la Brigada N° 24 «Huamachuco» del Ejército en Putre, a alrededor de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fue en este sitio, donde a finales de abril un grupo de conscriptos sufrió tratos crueles durante la instrucción en la zona de Pacollo.
El caso se encuentra actualmente radicado en la justicia civil, luego que la Corte Suprema determinara que el caso no correspondía a la justicia militar, tras una disputa de competencias que tuvo paralizada la indagatoria.
Romy Vargas, madre del conscripto fallecido, señaló que espera que «se puedan hacer los estudios que no se hicieron en aquella ocasión, que ahora sí se aplique todo y que se sepa toda la verdad».
«Era algo que nosotros buscábamos como familia y (buscan) que se sepa toda la verdad. Ahora estoy con mi abogado y mi médico psiquiatra aquí acompañándome para apoyarme y no estar sola en este momento», agregó.
El fiscal Carroza señaló que «desde el momento en que la Corte Suprema decidió otorgar la competencia plena al Ministerio Público, hemos tenido toda la colaboración del Ejército en cada una de las cuestiones que les hemos solicitado».
«Desde esa fecha, que es hace un par de semanas, tenemos efectivamente esa colaboración. Al principio de la investigación, desgraciadamente, eso no fue así. Hubo más colaboración con las decisiones o diligencias que se practicaron desde la Fiscalía Militar y no ocurrió lo mismo, y eso es un hecho de la causa, con las diligencias que pedía el Ministerio Público», afirmó el persecutor.