Con el objetivo de analizar los aspectos tecnológicos del Sistema de Información de Fonasa (SIF), la Contraloría General de la República realizó un informe, el que detectó una serie de irregularidades, por lo que instruyó un sumario. Entre los principales descubrimientos, el órgano fiscalizador detectó que Fonasa no realizó el cobro total de una multa hacia el proveedor del software tras un importante problema. Además de la emisión de una serie de licencias médicas por parte de médicos que se encontraban suspendidos, es decir, no contaban con la facultad para emitir dichos documentos, entre otros hallazgos.
En cuanto a la multa. Se corroboró que entre el 23 y 30 de octubre de 2023, los servicios contratados estuvieron inactivos por 166,22 horas. Por esto, Fonasa inició el procedimiento de cobro de multas, por un total de 2.472,07 UF. Sin embargo, según los cálculos efectuados por esta CGR, «lo cobrado por la repartición no corresponde a las 19.546,22 UF que debió haber exigido en conformidad a lo pactado». Ahora, y debido a que Fonasa respaldó el pago realizado a la incorporación de reglas de cálculo no previstas en el contrato, tendrá un plazo de 60 días para acreditar la percepción efectiva de la suma pagada. También se detectó una falta en las sesiones del Comité de Seguridad; el desarrollo de situaciones de riesgo que no fueron controlador por el servicio, como la no realización de auditorias con enfoque tecnológico, la falta de control en las acciones de los usuarios del SIF y en el registro de trazabilidad del SIF. Además de una ausente fiscalización sobre los grandes emisores de licencias médicas. De hecho, la Contraloría advirtió de la emisión de licencias médicas por parte de profesionales sancionados y que el SIF no valida que el emisor se encuentre en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, es decir, «no cuentan con controles adecuados para verificar si la persona que emite es un profesional acreditado», lo que no se adscribe a lo señalado en la ley. En torno a lo anterior, la evaluación que se realizó entre la base de datos de licencias médicas del SIF y la de los médicos grandes emisores auditados, arrojó que 35 médicos sancionados, con la imposibilidad de emitir licencias médicas, generaron 2.403 de estas durante el periodo que se encontraban sancionados. Pese a lo anterior, el informe de Contraloría evidencia que los operadores de licencias médicas no realizaron el bloqueo sistémico al momento que se les indicó, como lo establece la ley, permitiendo que los profesionales inhabilitados pudieran continuar con esta acción de manera electrónica. En esta línea, Fonasa indicó que desarrolló convenios con dos operadores de licencia médica electrónica, los que no establecen la obligación de realizar la inhabilitación sistemática de los prestadores. Por lo anterior, Fonasa deberá constituir una mesa de trabajo, que incluya a la Compin y la Suseso y que defina y ejecute labores de monitoreo periódicas, el levantamiento de alertas y bloques sistemáticos a los operadores, en un plazo de 60 días.
En esta línea, se evidenció además que 633 personas emitieron licencias médicas, sin que estas fueran validadas por el SIF, respecto a su inscripción en el Registro Nacional de Prestados Individuales de Salud (RNPI), generando más de 270 mil documentos. Lo anterior demuestra que algunos sistemas de licencias médicas electrónicas, como el SIF, «no cuentan con controles adecuados para verificar si la persona que emite es un profesional acreditado». El servicio respondió que no existe norma legal que establezca esta obligatoriedad de la inscripción en la RNPI. Sin embargo, desde Contraloría indicaron que este instrumento entrega indicios sobre la idoneidad, por lo que la interoperabilidad exigible a los operadores permite este cumplimiento. Y es que la cantidad de licencias médicas emitidas por algunos profesionales es alarmante. Según señala el documento, aquellos profesionales calificados como grandes emisores emitieron 1.552.672 licencias médicas, con un promedio de 1,5 documentos por hora. A modo de ejemplo, un especialista figura con un total de 42.211, donde 12.547 de ellas se registran en el SIF como pagadas, sumando un total de $1.130.569.983. Desde Fonasa indicaron que este prestador no puede ser calificado como un gran emisor, ya que estaba en una nómina de prestadores individuales de salud autorizada por cada Seremi, para emitir licencias vinculadas al Covid-19. Sin embargo, al no adjuntar documentación de respaldo, lo observado por la CGR se mantiene, exigiéndose formar una mesa de trabajo con la Suseso y Compin.
Otra serie de inconsistencias presentó el servicio. El informe de Contraloría detecto que hay licencias médicas sin la glosa del diagnóstico, existen diferencias entre los archivos originales y los registrados en la base de datos, hay documentos duplicados, otros presentan inconsistencias entre las fechas de emisión y resolución. En esta área, lo que llama más la atención es la detección de 1.185.524 licencias médicas que fueron tramitadas en un plazo mayor al establecido, es decir, superaron los 60 días desde su emisión, lo que alude nuevamente a una falta de control.