El Gobierno firmó este un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país.
El documento fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
De acuerdo con Cordero, el objetivo principal de la firma es «agilizar y priorizar las expulsiones administrativas de personas ligadas a delitos; (y de) migrantes que tienen antecedentes y están condenados o ligados al crimen organizado».
En concreto, el protocolo especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular.
Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig.