El INDH analiza en el segundo capítulo, referido al derecho a la seguridad personal, la creación de la nueva secretaría de Estado y valora el ánimo de mejorar la ejecución de políticas públicas en esta materia.
El Informe del Instituto de Derechos Humanos insiste en la necesidad inmediata de reforzar la comunicación y coordinación entre servicios del Estado para mejorar sus capacidades.
El segundo capítulo del Informe Anual 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aborda la instauración del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Además, el texto sostiene que los derechos del personal de Carabineros y la PDI son fundamentales para su desempeño y hace presente los riesgos vulneratorios de las acciones de seguridad de los municipios.
En efecto, el capítulo dedicado al derecho a la seguridad personal del Informe del INDH estudia las medidas del Estado para garantizar este derecho en las zonas urbanas. Junto con indicar sus obligaciones en materia de DD.HH., el texto se refiere a la situación nacional, las acciones estatales y sus posibles impactos en el goce de derechos.
El Informe del INDH cita el Índice Global de Crimen Organizado, iniciativa que apoya la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. En 2023 mostró un empeoramiento de la situación en Chile: pasó de 4,6 en 2021 a 5,18 puntos, ascendiendo 28 posiciones a nivel mundial y tres a nivel continental y quedó octavo en Sudamérica: peor que Argentina, Bolivia, Surinam y Uruguay.
A propósito del recientemente instaurado Ministerio de Seguridad Pública, el Informe del INDH dice que diversifica y fortalece funciones para coordinar, planificar y ejecutar de mejor modo las políticas públicas sobre seguridad y orden. Esto, con un enfoque más comprehensivo para el diseño de una política criminal capaz de abordar el fenómeno delictivo en todo su rango, incluidas materias como la atención a las víctimas y la reinserción social.
Además, indica que la estructuración del nuevo ministerio está en línea con la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de establecer que las Fuerzas de Orden y Seguridad dependan directamente del Ministerio. El Informe del INDH reconoce estos esfuerzos del Estado, pero plantea que mientras esta orgánica empieza a funcionar, existe una necesidad inmediata de reforzar la comunicación y coordinación interagencial del Estado y elevar su capacidad de responder al complejo escenario delictivo.
El análisis de datos nacionales expone el alza de la perpetración de delitos que afectan el derecho a la vida y a la integridad personal. También, la aparición de una nueva criminalidad. Es más, el capítulo incluye entrevistas en que se da evidencias de la aparición de una criminalidad transnacional y el posicionamiento del crimen organizado.
Las cifras muestran una concentración de los delitos en las regiones del norte. Como es una zona limítrofe, tiene un alto tránsito de personas en las fronteras, prácticas de comercio ilegal extendidas en el tiempo y amplios espacios que facilitan la concentración de migrantes irregulares, quienes son un objetivo de cooptación por el crimen organizado.
Es una situación alarmante, que se refleja en la violencia. Aunque se ha visto una caída en los delitos de mayor connotación social (por ejemplo, el robo con violencia, intimidación o sorpresa), los datos indican un alza de los crímenes de más preocupación: hasta 2022 hubo un aumento notorio de los homicidios, que cayó en 2023, pero que aún supera los números de 2018 y 2019.
Para analizar la respuesta del Estado, el Informe Anual 2024 recurrió al marco que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual ofrece orientaciones sobre obligaciones estatales y sus estándares. Dicho marco toca la gobernabilidad democrática en seguridad ciudadana, la profesionalización y modernización de fuerzas policiales, privatización de la seguridad ciudadana, atención a víctimas, e intervención de las FF.AA. en seguridad.
El Informe abordó en especial la situación de Carabineros y la PDI. Los derechos de estas funcionarias y funcionarios son un aspecto fundamental y un punto de preocupación para el INDH. En 2023 observó extensas jornadas de trabajo de carabineros en los pasos fronterizos, agravadas porque faltaba un sistema de registro formal de horario. Tampoco había equipos de salud ante emergencias.
En 2022 y 2023 se presentaron propuestas parlamentarias e iniciativas del Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales buscando un ejercicio óptimo y seguro de la función policial. Estas propuestas daban cuenta de condiciones que debilitan la labor policial —en especial carabineros— varias advertidas por el INDH. Aquí están la merma en la dotación por la caída de ingresos, exceso de carga laboral, desigualdad de oportunidades de ascenso, falta de descanso, trabajos que no corresponden a la función policial.
El Informe Anual indica que la prevalencia de este tipo de situaciones debilita la profesionalización y modernización policiales. En la mantención de fuerzas con resguardos de sus derechos y preparación acorde a los desafíos se juega la base para desarrollar la confianza entre éstas y los ciudadanos.
Otro punto clave del capítulo es la privatización de la seguridad ciudadana, que incluye la regulación de empresas de seguridad privada y la definición de las funciones de seguridad pública de las municipalidades. El primero de estos puntos fue abordado con la reciente Ley 21.659.
Pero sobre el segundo aspecto, el Informe da cuenta de que está en discusión un proyecto modificando la ley orgánica constitucional de municipalidades y regularizar sus respuestas y advierte que estas iniciativas no habiliten acciones potencialmente vulneratorias.
Al respecto, alude a una situación en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), organización de derecho privado de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Esta asociación fue acusada de realizar labores de espionaje a personas consideradas de interés por la entidad, tareas de investigación propias de Carabineros y la PDI, que podrían considerarse vulneratorias al ser realizadas por otros organismos fuera del marco constitucional.
Es así como el capítulo indica que el INDH reconoce que estas situaciones son expresión de que el margen de acción de los gobiernos locales para definir sus estrategias es amplio y carece de regulaciones. Ello es especialmente claro cuando se crean figuras intermedias como las asociaciones.